En Río de Janeiro, la fiscalía solicitó al juzgado que Agostina Páez, imputada por injuria racial tras hechos registrados en un bar, cumpla prisión preventiva en lugar de seguir con tobillera electrónica por considerarla un riesgo procesal.

La defensa sostiene que Páez ha colaborado con las autoridades y que las medidas actuales son suficientes, mientras que los fiscales plantean que la acusada podría abandonar el país o influir en la investigación si queda en libertad.

El caso, que comenzó con un intercambio verbal en un bar de Ipanema y se viralizó en redes sociales, llevó primero a la retención del pasaporte y la instalación de una tobillera electrónica, y ahora evoluciona con el pedido de prisión preventiva que deberá decidir un juez.

El reclamo de la Fundación Apolo sostiene que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y advierte que la medida restrictiva fue adoptada sin evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, no consideró la condición de mujer extranjera de la imputada. Se destacó la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, donde uno de los empleados del establecimiento hizo gestos obscenos dirigidos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue ponderada por las autoridades.