Diputados fue escenario este jueves de un enfrentamiento de criterios respecto al modelo que debe regir en la industria yerbatera nacional. Actores clave de la cadena presentaron sus planteos divergentes sobre el rol del INYM y la orientación futura del sector.

Los productores yerbateros esgrimieron argumentos para fortalecer el instituto regulador. Sostienen que la intervención estatal es imprescindible para equilibrar las asimetrías de poder que existen en la cadena de valor. Sin esa regulación, afirmaron, sus márgenes comerciales se erosionan continuamente y quedan expuestos a presiones de compradores más grandes.

Los molineros, por su parte, plantearon una visión radicalmente distinta. Pidieron reducir las regulaciones que consideran excesivas y trabas para la innovación. En su perspectiva, una menor intervención del Estado permitiría que el mercado funcione con mayor fluidez, beneficiando a toda la cadena y principalmente al consumidor final.

Esta divergencia de posturas no es nueva en el sector yerbatero, pero su exposición simultánea en el Congreso subraya la urgencia de encontrar soluciones. El INYM, creado hace décadas para ordenar la cadena, se convierte ahora en el punto de fricción central del debate.

Lo que está en juego trasciende lo meramente técnico o regulatorio. Para los productores significa supervivencia económica en territorios donde la yerba es actividad principal. Para los molineros significa competitividad en un mercado cada vez más exigente.

El encuentro legislativo mostró que el sector no habla con una sola voz. Las tensiones internas son profundas y los intereses económicos, contrapuestos. Cualquier reformulación del marco regulatorio deberá navegar estas complejidades sin favorecer desmedidamente a un segmento sobre otro.

Imagen: Matias Megapixel / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural