El dinero destinado legalmente para combatir inundaciones termina alimentando las necesidades del Tesoro público. Una investigación revela cómo recursos que deberían estar en el terreno, ejecutándose en obras de prevención, quedan capturados en las prioridades fiscales del gobierno.

La paradoja es clara: el fondo existe, el dinero está ahí. Lo que falta es la voluntad o la decisión política de utilizarlo conforme a lo que la normativa legal establece. En cambio, los fondos se derivan hacia otras necesidades presupuestarias, dejando sin atender los objetivos para los que fueron creados.

Este desvío de recursos ilustra una práctica común en la administración estatal: los fondos etiquetados enfrentan presiones constantes para ser reasignados hacia demandas inmediatas. En este caso particular, la cobertura del déficit fiscal requiere que se redireccionén recursos que, según la ley, deben proteger a la población de desastres naturales.

Las implicancias de esta desviación trascienden lo meramente presupuestario. Sin inversión en infraestructura preventiva, los riesgos de inundación persisten en comunidades vulnerables. Las obras que podrían mitigar estos riesgos quedan postergadas indefinidamente, mientras los fondos que las financiarían se utilizan para otras necesidades estatales.

La cuestión plantea un desafío institucional fundamental: cómo garantizar que las leyes que crean fondos especiales para objetivos específicos se ejecuten efectivamente. Sin mecanismos de control y seguimiento, los fondos etiquetados quedan expuestos a ser absorbidos por demandas fiscales más inmediatas, invalidando su propósito original.

Imagen: SHOX ART / Pexels – Con informacion de Clarín Rural