El Gobierno nacional busca que las campañas políticas no sean intervenidas por capitales internacionales: limita el financiamiento y la participación de actores extranjeros y suma penas para quienes intenten alterar elecciones con apoyo del exterior.

El proyecto enviado al Congreso incorpora un capítulo específico sobre influencia extranjera en la política argentina. La denominada Ley Malvinas modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para ampliar las restricciones: extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras no podrán financiar, organizar, dirigir ni ejecutar actividades de campaña electoral o propaganda. 

Además, la iniciativa crea nuevas figuras penales para quienes actúen por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Para esos casos se contemplan penas de 5 a 12 años de prisión, que pueden subir a 8 a 15 años cuando existan amenazas, sobornos, coerción o participación de estructuras criminales. 

La medida forma parte de una reforma más amplia planteada por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que también incorpora herramientas frente a amenazas externas, redefine aspectos de la Defensa Nacional y crea un nuevo Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo específico. El proyecto todavía debe ser tratado y aprobado por el Congreso antes de entrar en vigencia.