El Ejecutivo reconoció el fracaso de su plan de desregulación integral de los prácticos y anunció la creación de una mesa de trabajo para encauzar futuras negociaciones con el sector.

El conflicto comenzó cuando la administración presentó un proyecto para desregular completamente la actividad portuaria de los prácticos. El sector respondió con medidas de fuerza que dejaron sin movimiento a los principales puertos nacionales, generando una paralización que afectó la logística y el comercio exterior.

Frente a la magnitud de la crisis, el gobierno tuvo que ceder terreno. En lugar de avanzar con la desregulación completa, aceptó negociar con los prácticos una rebaja de sus tarifas del 20 por ciento. Si bien esta reducción representa un ajuste económico para el gremio, está lejos del objetivo original del Ejecutivo.

El repliegue gubernamental evidencia el poder que mantiene el gremio de los prácticos para movilizar recursos y paralizar operaciones críticas del sistema portuario nacional. La capacidad de bloqueo del sector resultó determinante para truncar las pretensiones desreguladoras del gobierno.

Oficialmente, se anunció la conformación de una mesa de trabajo donde gobierno y prácticos podrán discutir futuros cambios en la regulación de la actividad. Este espacio representa un cambio de estrategia: abandonar el enfoque confrontacional para avanzar mediante el diálogo institucionalizado.

Desde una perspectiva económica, el resultado del conflicto se interpreta como un revés para el Ejecutivo. Aunque logró una reducción tarifaria del 20 por ciento, no consiguió la desregulación que buscaba, ni tampoco impuso unilateralmente su agenda sin negociación.

Imagen: cottonbro studio / Pexels – Con informacion de Bichos del Campo